EL FRACASO DE UNA RENOVACIÓN MUNICIPAL EN REQUENA.

Por Víctor Manuel Galán Tendero.

Un reinado no tan idílico.

El reinado de Carlos III (1759-88) ha sido contemplado como un momento de esperanzas, de ilusiones a cumplir, por parte de la historiografía. Su España posible de reformas pacíficas fue frustrada por circunstancias e intereses opuestos. Sus luminosos tiempos dieron paso a las tinieblas del final del Antiguo Régimen y a un siglo XIX marcado por los enfrentamientos entre españoles, de desgarradoras posturas opuestas. El mejor alcalde de Madrid contrastaba vivamente con sus sucesores en el trono español. En el Bicentenario de su fallecimiento, con una España que había realizado la Transición y la incorporación a la Europa comunitaria, se hizo una valoración más ponderada de su reinado, aunque apuntando más los aspectos positivos sobre los negativos.

Carlos III no siempre gozó de buena imagen. Los republicanos del Sexenio Revolucionario (1868-74) lo acusaron de subordinar la política exterior española a los intereses de Francia, y de favorecer imprudentemente a los independentistas anglo-americanos. Jean Sarrailh indicó a mediados del siglo XX las limitaciones de su acción, cada vez más conservadora tras el motín de Esquilache. De hecho, los gabinetes de Carlos III no lograron imponer la contribución única en la Corona de Castilla y en la América hispana alzaron una grave oleada de descontento. El mismo rey Carlos no dejaba de ser un tipo vulgar aficionado por la caza, carente de la brillantez intelectual de Federico II de Prusia. De la leyenda blanca se transitaba casi a la negra. El activo reformista se convertía en timorato rey.

Los gabinetes de Carlos III pusieron en marcha importantes medidas reformistas, pero no siempre llegaron a buen puerto. ¿Por qué se malograron? El estudio de la implantación en Requena de los diputados del común nos puede sacar de dudas al respecto y ofrecer una imagen más ponderada del reinado de aquel monarca.

Un municipio controlado por la oligarquía.

Al comenzar 1766, Requena estaba gobernada en nombre del rey por una serie de poderosos locales, que obedecían su autoridad, representada por el corregidor Joaquín Anaya y Aragonés. Alonso Ferrer era el regidor decano del consistorio. La alcaldía mayor de noche correspondía a Nicolás Ruiz. Entre los regidores perpetuos se encontraban Martín Ruiz, José Diego Enríquez de Navarra, Francisco Peralta, José Moral y Francisco Cepeda, que también era el guarda mayor de los montes. Se trataba de un círculo muy reducido de linajes dominantes, algunos con largos antecedentes históricos. Su procurador síndico o representante era José Moral Díaz, y en teoría el procurador del común Pedro Segura Cepeda alzaba la voz en favor de los menos favorecidos.

Tal regimiento acumulaba un gran poder en materia de organización local, económica, financiera y de seguridad. La actuación de la Monarquía hubiera sido impensable sin su asistencia. La distribución anual de oficios municipales forjó lazos clientelares entre regidores e interesados en promocionar socialmente, aunque no todos apetecieron ciertas responsabilidades, consideradas enojosas. Nombrado cabo de escuadra, Nicolás García Ibáñez declinó tal desempeño en 1766. El espíritu cívico del tiempo no se asentaba en los sólidos pilares de una comunidad de padres de la patria, sino en una movediza mezcla de banderías particulares y desinterés de no pocos. Semejante sociedad se mostraba más dispuesta a cambiar más por presión que por impulsos internos, más por adaptación pasiva que por activa.

El motín de Esquilache en Requena.

El Domingo de Ramos de 1766, un 23 de marzo de aquel año, comenzó la sonada protesta del pueblo matritense conocida como el motín de Esquilache. Más allá de la cuestión de las capas largas y las cortas, se dilucidó la oportunidad de ciertas políticas reformistas, como las de la liberalización del mercado de los granos. El aborrecido ministro de Carlos III centró las iras, aunque la protesta se extendió a muchos puntos de España, afectados por los problemas del abastecimiento de alimentos y otros de carácter local. En 1765 se había abolido la tasa de granos y autorizado su libre comercio, coincidiendo con una coyuntura adversa. Con razón se ha hablado más recientemente de los motines de Esquilache.

Requena no fue una excepción dentro de la oleada de protestas. A comienzos de abril la situación subió de tono, y el 19 del mismo mes se hizo un balance crítico y lacónico desde el consistorio. Se reconoció el estado infeliz de los vecinos por la carencia de víveres, invocando una idea muy cara al pensamiento ilustrado. El año agrario había sido calamitoso, y se produjeron repetidos movimientos populares formando cuadrillas. De sus dirigentes nada se dice. A voces, se había clamado contra el descenso del pan. La reivindicación de los hambrientos requenenses no había ido más allá de reclamar el cumplimiento del abastecimiento según las normas de la economía moral de la república local del Antiguo Régimen. La crecida vecindad de la villa y el importante trato forastero aconsejaban tomar medidas urgentes, aunque no particularmente novedosas.

El corregidor actuó en consonancia. Llamó al diputado o procurador del común y al mayordomo del pósito, el almacén municipal de cereales que ayudaba a paliar las aristas de las malas cosechas. Se llamó a una cocción del pan más saludable y se intentó regular el precio de las piezas de panadería. Vistas así las cosas, el motín parecía reducirse a una crisis de subsistencias. Sin embargo, muchos ministros de la Monarquía lo consideraron una verdadera conspiración para echar por tierra a los oponentes e ideas avanzadas. Más tarde, se acusó a los jesuitas, que tantas envidias concitaban, de promover las protestas.

Los poderosos quieren secuestrar la reforma municipal.

Se pensó que la reforma de la administración municipal evitaría las manipulaciones más enojosas de los poderosos locales, pues la agitación popular había sido tan intensa como preocupante para el rey como para sus ministros.

Los regidores eran perpetuos, pero no se pensó en abolir su carácter permanente en favor de un sistema de elección anual. La extinción de tales regidurías, consideradas bienes vinculados a un linaje, entrañaba el pago en compensación de importantes sumas de dinero. El corregidor, sometido a los juicios de residencia y sensible a las presiones locales, no era suficientemente capaz de embridar al núcleo oligárquico municipal, por muy buenas que fueran sus intenciones y grandes sus cualidades. Se incorporarían a los ayuntamientos varios representantes del pueblo, con posibilidad de equilibrar ciertas tendencias. Por ello, el 5 de mayo de 1766 se estableció la elección de diputados para desengaño de la plebe inclinada a los excesos.

A 8 de mayo se hizo en Requena la primera elección de diputados, al concluir la misa mayor, en la puerta del Salvador, de la que tomó buena nota el escribano público Ginés Herrero y Gallego. Los poderosos maniobraron entonces: Julián Martínez propuso a Antonio Pedrón y a Juan Penén Díaz, coincidiendo con Luis Herrero, Julián Sánchez y Lucas Martínez. Puso la nota distinta, más que discordante, Juan de Aranguren al abogar por José Díaz y Agustín Iranzo. De seguir tal elección, Antonio Pedrón y Juan Penén se hubieran convertido en los dos diputados de abastos, con capacidad de regular delicados aspectos del abastecimiento local. De haberse aceptado tal resultado, los poderosos hubieran sorteado el escollo sin mayores dificultades. Sin embargo, la autoridad real no se mostró complaciente con semejante elección.

La monarquía impone nuevas normas de elección de los diputados.

El 7 de julio se dictaron nuevas provisiones sobre la manera de escoger a los diputados y al personero, dejando a un lado la cooptación oculta que hemos observado. Cada parroquia debería de escoger una media de doce comisarios electores, ya que se trató de evitar la intromisión de los gremios en las elecciones. Asimismo, los diputados también deberían entender en los asuntos de la junta del pósito.

Se realizó en Requena un concejo abierto. A 1 de octubre Luis Pedrón, por ejemplo, propuso como comisarios de Santa María a Manuel y Bernardo Mata, Marcos Ibáñez, Manuel Montés, Pedro López Alarcón, Juan Lorenzo Alpuente, Bernabé López, José Domingo, Esteban Contreras, Nicolás Ibáñez, José Moral Alisén y Tomás Martínez. Los demás se conformaron con sus propuestas. En San Nicolás un hombre como Francisco Lozano propuso a Nicolás Marín, Martín Cantero, José Justo, Nicolás Gómez Cano, Bartolomé Benito, Juan de Mojica, Nicolás de Pedro, Miguel Cañizares, su hijo Nicolás, Nicolás Collada y Juan de Lara.

La monarquía se mantuvo vigilante. Tuvo presente lo sucedido en otros municipios para dictar disposiciones más precisas, pues el 17 de septiembre se hizo eco de las quejas de Cáceres por el corto número de participantes. Un verdadero aviso a navegantes.

Nuevos procesos electorales.

El 6 de diciembre doce particulares propusieron sus comisarios en El Salvador, siete en Santa María y seis en San Nicolás. En El Salvador, por ejemplo, Nicolás de Arcas propuso a Tomás Pedrón, Manuel García de la Gallarda, Antonio García, Julián Martínez, Manuel Gómez, José Moral Díaz, Pedro Cano, Juan Antonio Ruiz, Domingo Ruiz Garzón, Francisco Sánchez y Nicolás Penén. En Santa María encontramos a postuladores como Luis Pedrón y a Martín Paniagua Cantero en San Nicolás.

Finalmente, tras no poca labor, se escogieron el 31 de diciembre a Martín Cantero y a Pedro López de Alarcón como diputados y a José Cantero de Lorenzo como procurador del común.

El deseo de saltar el círculo de tiza caucasiano de los poderosos.

El poder real trató de movilizar las energías mesocráticas en las distintas localidades contra una oligarquía capaz de acaparar excedentes de cereal. El 26 de junio de 1767, precisamente, se insistió en el derecho de voto de los diputados en las juntas de pósitos. La cuestión de la preferencia de las convocatorias electorales había preocupado en localidades como Abanilla en noviembre de aquel año.

En Requena, el 26 de diciembre de 1767 catorce particulares propusieron comisarios en El Salvador, ocho en Santa María y cinco en San Nicolás. Eran unas cifras muy ligeramente superiores a las del año anterior, pero limitadas. Se escogieron como diputados a Joaquín de Cantos y Francisco López, y de personero a Cristóbal Carrión.

Una participación en descenso.

La participación de las gentes en estas elecciones fue problemática, hasta tal punto que la administración real invocó el caso de Fresnillo de las Dueñas (Burgos), donde hubo quejas de los problemas que al común ocasionaba la elección de dependientes del monasterio de la Vid.

En Requena, el 14 de enero de 1769 el corregidor constató que no se había ejecutado elección por parte de vecino alguno y a través de bando ordenó concurrir a elecciones. En El Salvador participaron 142 individuos para nombrar compromisarios (los doce por parroquia), en Santa María 51 y en San Nicolás 35. Alonso Laguna y Miguel Viana fueron escogidos diputados y síndico Juan Monsalve. En 1769 se propuso la renovación de cada diputado cada dos años.

La tendencia a participar declinó posteriormente, según se observa en el número de compromisarios. Los dieciocho compromisarios de la parroquia del Salvador de 1771 cayeron a tres en 1784; los veintitrés de San Nicolás, a tres; y los doce de Santa María, a otros tres. Entre los participantes destacaron Manuel Ibáñez, Julián y José Zelda, Juan Aranguren o Manuel Cantero por El Salvador en 1769. Los Teruel destacaron en San Nicolás en 1778 y en Santa María los Ibáñez. Un hombre como Luis Pedrón Mayor logró ser nombrado diputado en 1779.

Avisos del futuro.

En estos procesos electorales se observa el claro interés de la monarquía tanto por sostenerlos como por animarlos frente a una sociedad que se mostraba más bien reacia. Desde este punto de vista, el reformismo de Carlos III no fue impostado, sino limitado por las circunstancias locales. La reforma no pretendió aniquilar el poder de la oligarquía local, sino limitarlo por medio de una serie de supervisores que hablaban en teoría a favor del pueblo.

El sistema de elección de compromisarios no era proporcional al número de parroquianos. Tal sistema indirecto, susceptible de muchas presiones, puso en manos de una minoría la designación de los diputados. La Constitución de Cádiz de 1812 también optaría por procedimientos electorales indirectos a partir del nivel parroquial. Las elecciones del liberalismo decimonónico acusarían igualmente elitismo y manipulaciones en grado variable. Bajo este punto de vista, el reinado de Carlos III fue un auténtico precedente del porvenir.

Fuentes.

ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE REQUENA.

Actas municipales de 1765-67, nº. 3257.

Expediente de elección de diputados de 1766-84, nº. 10124.